Un eurodiputado del PP enmendó una ley a petición de un falso lobby

El eurodiputado popular Pablo Zalba Bidegain acordó retocar una directiva comunitaria destinada a proteger a los consumidores europeos siguiendo las peticiones de un grupo falso de presión, según revela hoy el dominical "The Sunday Times", que afirma que esta conversación fue grabada en secreto.

Según el rotativo británico, Zalba es el cuarto eurodiputado que figura en el caso denominado "dinero por leyes" destapado por "The Sunday Times".

El mes pasado, Zalba presentó una enmienda utilizando las mismas palabras redactadas por los periodistas encubiertos del dominical, que se hicieron pasar por un grupo de presión cuando se encontraron con él en su oficina de Estrasburgo (Francia), agrega el dominical.

Los periodistas le hicieron saber al eurodiputado español que se le pagaría por el trabajo, dice el periódico, que publica hoy extractos de la conversación grabada en secreto. La enmienda del eurodiputado popular aparece en los documentos oficiales del Parlamento y puede convertirse en ley.

Tres eurodiputados son investigados en sus respectivos países después de aceptar una oferta de dinero a cambio de enmendar leyes. Se trata del austríaco Ernst Strasser, el eslovaco Zoran Thaler y el rumano Adrian Severin, afirma "The Sunday Times".

Según el dominical británico, Zalba, de 36 años, fue uno de los catorce eurodiputados que mantuvieron reuniones con periodistas encubiertos durante los meses del pasado invierno boreal.

Los periodistas le dijeron a Zalba que ellos eran de un grupo de presión con sede en Londres que querían contratar a un "socio dentro del Parlamento" para su consejo asesor que pudiera tener "influencia" en la legislación, dice el rotativo.

"The Sunday Times" señala que los periodistas le hicieron saber al eurodiputado popular que a los miembros del consejo se les pagaría unos 100.000 euros anuales y Zalba tenía dos semanas para pensar sobre la propuesta hecha por el falso grupo de presión.

Según informa el periódico, los abogados de Zalba han indicado que él nunca indicó que estuviera dispuesto a aceptar la oferta de empleo del grupo y que presentó la enmienda porque le parecía una buena idea que mejoraría el borrador de la legislación y que no lo hacía por dinero.

VALLADOLID - Continúa el encierro de agricultores en Cigales

Los agricultores afectados por la expropiación de terrenos para la construcción del macropolígono Canal de Castilla mantienen su encierro indefinido en las dependencias del Ayuntamiento de Cigales para pedir que se les pague el dinero que se debe por sus tierras. Una representación de afectados acompañados por el presidente de Asaja de Valladolid , Lino Rodríguez, pasó la noche en la Casa Consistorial, mientras que ayer se habían dado cita en el lugar unos 40 afectados. En el Ayuntamiento se ha colgado una pancarta con las empresas que firmaron el contrato y en la plaza de la localidad permanecen varios tractores propiedad de los afectados

Lino Rodríguez, en declaraciones hechas a Europa Press, explicó que un grupo pasó la noche provisto de mantas, colchones y termos en un encierro que prevé que vaya «para largo» porque el asunto está «muy bloqueado» y «enmarañado».

Los propietarios de los terrenos saben que este encierro tiene «fecha de inicio pero no de fin», y se mantienen «firmes en su lucha» por conseguir que les paguen la totalidad de sus tierras cuando ayer se cumplían cinco años y dos días del anuncio, «a bombo y platillo», de la construcción de este macropolígono por parte de la Junta de Castilla y León, apuntó Asaja en un comunicado.

El grupo que lleva a cabo la protesta considera que la jornada de ayer, Día del Padre, fue «dura», al igual que la noche, ya que estos agricultores no pudieron pasar ese día tan especial en sus casas con sus familias, aunque algunos recibieron la visita de sus hijos.





«Desinterés de la Junta»
Los afectados por la construcción de este macropolígono piden que la Junta de Castilla y León intervenga de una vez y ponga fin a esta situación que «no admite más dilaciones». Los agricultores acusan a la Junta de Castilla y León «de una total falta de interés, inmovilismo y humanidad en este caso cuando este problema lo ha generado ella ya que desde el primer momento este polígono ha sido público y por ello se produjo una expropiación».

Los agricultores quieren que la Junta de Castilla y León no se desentienda de esta situación y que les paguen el resto del dinero que les deben, unos 12 millones de euros, o les devuelvan las tierras para que puedan trabajar.

Tras cinco años de litigios la situación para muchos de estos afectados es «crítica» y, según Rodríguez, la Junta es la que debería intervenir porque es su proyecto y se decretó la expropiación de los terrenos sin posibilidad de negociar «en condiciones de libertad» y ahora hay que dar salida a una situación que provoca «tensión» y «problemas familiares» a muchos de los afectados.

Lino Rodríguez apuntó que se han planteado la posibilidad de llevar el caso a los tribunales por una presunta estafa, pero consideran que los empresarios tienen que pagar porque hay un contrato por medio auspiciado por la Administración e insistió en que es ésta la que debería de intervenir.

La expropiación de terrenos afecta a unos 180 agricultores y aunque Caja Segovia se ha hecho cargo de un 60% de la deuda, Fincagest y otras empresas deben asumir el 40% restante, unos 10 o 12 millones de euros, según explicó Ana Calzada, portavoz del colectivo.

Fotos del encierro de Cigales.

Vídeo de la protesta de los expropiados por el macropolígono Canal de Castilla.

Manos Limpias diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una comisión.

Las grabaciones policiales del caso Totana, la trama de corrupción municipal en la que están imputados los dos últimos alcaldes del municipio murciano -Juan Morales y José Martínez Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado también una pista para justificar la frenética actividad que mantiene en los juzgados como acusación de mil causas el pseudosindicato Manos Limpias. Su secretario general, el que fuera líder de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama, Emiliano Ovide, un intermediario en compras de suelo. Las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción por Ovide para conseguir el pago de comisiones.

Manos limpias también actúa en Euskal Herria cómo una organización que busca salir en los medios presentándose como una organización que busca aumentar la represión.

Robados 100 kilos de heroína y cocaína de la jefatura de policía.

Sevilla:

La policía nacional investiga desde hace un mes la desaparición de unos 100 kilos de droga -principalmente cocaína, pero también heroína- de los sótanos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Las sospechas de este inaudito robo, sucedido hace un mes, aunque trascendió anoche, se centran en los agentes de la Udyco (Unidad Especializada en Droga y Crimen Organizado), que son quienes custodian la droga en estas dependencias.

Los 100 kilos de droga robados proceden de intervenciones realizadas por la policía en diferentes operaciones policiales llevadas a cabo en Andalucía Occidental durante los últimos meses. La investigación para destapar a los ladrones de este asombroso robo la está desarrollando una unidad de Asuntos Internos de la policía desplazada desde Madrid a Sevilla. Además, un juzgado sevillano abrió diligencias hace un mes por este hecho, tras ser informado del robo de la droga por los responsables policiales de Sevilla. "La droga estaba almacenada ahí, en el sótano, porque no existe un depósito judicial para meter la droga incautada", explicaron anoche fuentes policiales. El sitio escogido para almacenar los decomisos de droga que efectúan los agentes, un almacén situado en los sótanos de la Jefatura Superior de Policía, son los antiguos calabozos. Se trata de un lugar muy vigilado y con grandes medidas de seguridad, según fuentes policiales.

Una ONG denuncia las torturas del Ejército israelí a un niño de diez años.

Cisjordania, Palestina:

La sección palestina de la organización no gubernamental Defensa de los Niños Internacional ha denunciado torturas presuntamente perpetradas por el Ejército israelí a un menor de diez años en los territorios ocupados.

"Un niño de diez años fue sometido a abuso físico hasta el grado de tortura durante dos horas y media por parte de soldados israelíes que entraron en el comercio de su familia el pasado 11 de junio", explica la organización en un comunicado.

Los soldados, "golpearon repetidamente al niño, le abofetearon y asestaron puñetazos en la cabeza y el estómago, además de amenazarlo y someterlo a mantenerse en una postura estresante durante hora y media". El pequeño, siempre según esta fuente, "perdió dos muelas y sufrió trauma tras el asalto".

Los soldados, según la denuncia, entraron en el comercio, en la población de Saniriya, próxima a la ciudad cisjordana de Kalkilia, y exigieron al pequeño, Ezzat, y a sus dos hermanos, Makkawi y Lara, de siete y seis años, que les entregaran la pistola de su padre, pero ellos negaron que su progenitor tuviera ningún arma.

Alumnos denunciados por reunirse para comer en la UPV/EHU

Gazteiz:

Hace tres meses alumnos de la U.P.V./E.H.U. del Campus de Álava, se juntaron en una iniciativa sin ánimo de lucro, para cubrir una necesidad básica, como es el comer.
Dicha universidad no ofrece una alternativa vegetariana-vegana en cuanto a menú se refiere; y aunque así fuera pensamos que nuestras necesidades, no pueden ni deben responder a requisitos e intereses económicos, mucho menos siendo la universidad un ente público.

A tal efecto, las/los estudiantes se encontraban un día por semana para compartir alimentos y recetas veganas, así como intercambiar inquietudes y experiencias, puesto que entendemos que la universidad debe ser un lugar de intercambio de conocimientos y cultura.

Como todos los miércoles a eso de las 13:30h., y como lugar de encuentro la Facultad de Filología e Historia, los alumnos se disponían a compartir sus alimentos veganos en el patio de dicha facultad. Allí se encontraron las puertas cerradas para evitar su acceso (salidas de emergencia inclusive, cerradas con cadenas por orden del decanato).
Ante la imposibilidad de entrar al patio, y en espera de tomar una decisión acerca de un nuevo emplazamiento para la comida, los alumnos permanecieron en la puerta de la facultad. Mientras tanto los servicios de seguridad de la universidad, por orden del Vicerrectorado del Campus de Álava, avisaron a la Ertzaintza, que acudió prontamente con una furgoneta y dos coches provistos de material antidisturbios. Estos agentes identificaron a cinco alumnos y les denunciaron por concentración ilegal, obligándoles seguidamente a dispersarse.

Ante esta situación, y no entendiendo los motivos que pueden causar semejante represión, los estudiantes indignados, se dirigieron al decanato de la facultad en busca de una explicación a lo acontecido, obteniendo evasivas por respuesta.

Ni en el transcurso de estos hechos, ni en el tiempo previo, nadie, y repetimos nadie (ni decanato, ni vicerrectorado, ni personal de seguridad, ...) se ha puesto en contacto con los alumnos para hablar con ellos. Solo se han topado con trabas y dificultades para encontrar un lugar a esta iniciativa .

La UPV/EHU en el Campus de Álava no habilita ningún lugar para que las/los estudiantes que así lo deseen, puedan consumir alimentos elaborados en casa para evitar el gasto que supone acudir a las cafeterías de facultad o al comedor universitario sito en el pabellón universitario. Entendemos que en pleno siglo veintiuno y como marco la Universidad no es lícito hacer negocio de una necesidad primaria, como es el comer.

La distribución de carreras que hace la UPV/EHU en los tres territorios del País Vasco, obliga a la movilidad de muchos estudiantes que quieren cursar determinadas carreras que solo se imparten en alguno de los tres campus. No es de recibo que no se permita a los estudiantes consumir su propia comida y reducir así un gasto que ya de por si es elevado.

Por todo esto denunciamos esta situación, y ante el surrealismo de negar nuestro derecho a comer, exigimos la retirada inmediata de las denuncias, y el fin de estas medidas represivas.

Juicio a un médico, que sigue trabajando en el hospital, por ABUSAR DE 7 PACIENTES.

Vallecas:

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto juzgar hoy al doctor Miguel Ángel Lobo por supuestos abusos sexuales cometidos al menos a siete pacientes en su consulta entre los años 2002 y 2004. El juicio tenía que haberse celebrado ayer, pero fue aplazado por enfermedad del abogado defensor, Marcos García Montes, informa Efe.

Las siete víctimas del médico que acudieron ayer a la Audiencia exigieron la inhabilitación del doctor Lobo. “Sólo queremos que le inhabiliten y que no pueda abusar de nadie más”, manifestó a la salida de la Audiencia Provincial una de las pacientes. Esta mujer recordó que, el médico continúa trabajando en el Hospital de Vallecas, un centro sanitario público dependiente del Gobierno regional de Madrid.

El hombre cometió los supuestos abusos en su consulta del Centro de Salud Federico Montseny de Madrid donde era especialista en Rehabilitación. El acusado pidió hace unos meses el traslado al hospital de Vallecas, que fue inaugurado por la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, el pasado mes de enero. El fiscal acusa a Lobo de siete delitos de abusos sexuales y pide una pena de 18 meses de prisión por cada uno (10 años y medio en total). Además, exige el pago de una indemnización de 4.000 euros por daños morales a una de las pacientes.

Una de las mujeres afectadas explicó ayer que cada mujer fue acudiendo a sus respectivos médicos de cabecera para contarle los supuestos abusos de este doctor. “En la profesión era un secreto a voces”, señaló esta mujer. “Presentamos varias reclamaciones ante el centro de salud pero fueron rechazadas porque pasaban directamente por la mesa del doctor Lobo”, agregó otra de las víctimas.

Domingo 11 de mayo a las 12 MANIFESTACIÓN, Carlos 6 meses sin tí.

Madrid:

La justicia andaluza reprocha a Ciudadanía la tolerancia con los gays.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulas este miércoles tres expresiones y una frase de los decretos de 66 folios de la Junta que desarrollan los contenidos de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Tres magistrados, los ultraconservadores Enrique Gabaldón (hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, José Gabaldón), Victoriano Valpuesta y Joaquín Sánchez Ugena, consideraron que la asignatura adoctrina sobre la “ideología de género”. Entienden que la regulación de Ciudadanía coloca esta expresión en vez de la constitucional de “sexo”, y la define así: “La teoría de que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual elegida”. De ello se desprende un reproche a la tolerancia de los contenidos de EpC hacia la homosexualidad. La materia educa en la no discriminación de gays y lesbianas.

Funcionarios de Mogán alertaron de la actividad delictiva del alcalde

Mogán, Gran Canaria:

El sumario del caso Mogán -la trama de corrupción en ese municipio turístico grancanario- evidencia que muchos funcionarios sabían que su alcalde, Francisco González (PP) -imputado por ocho delitos- vulneraba la ley con sus decisiones. Sus charlas grabadas revelan hasta qué punto los funcionarios llegaron a ser conscientes de que obedecer las órdenes del alcalde podía acarrear la comisión de delitos. La investigación ha revelado supuestos delitos económicos, electorales, ecológicos y urbanísticos en la gestión de González.

La Ertzaintza se suma, con pruebas confusas y equívocas, a la "criminalización" del movimiento pro amnistía

La cuarta sesión del juicio contra el movimiento pro amnistía ha finalizado hoy tras una hora de exposición. Han sido 13 los ertzainas que han declarado mediante videoconferencia en la Casa de Campo de la Audiencia Nacional, presentando pruebas de forma confusa e incluso, equivocada. El procesado Juan Antonio Madariaga ha denunciado la implicación del Gobierno de Lakua en la "estrategia de criminalización" contra el movimiento pro amnistía.

Cabe destacar la confusión que han creado las pruebas presentadas por la Policía autonómica ya que varios actos no cuadraban en el recorrido temporal. Por poner un ejemplo, han explicado que tras el ataque a un Juzgado de Paz apareció al lado una pintada en favor de los derechos de los presos políticos vascos. La pintada se había realizado cuatro días antes del sabotaje.

El Gobierno Vasco impide a miembros de Etxerat entrar al acto por los Derechos Humanos.

Gazteiz:

El Gobierno de Lakua ha impedido hoy entrar a miembros de Etxerat al acto por el 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos que se celebraba en la sede de Lehendakariza, aunque portaban una invitación expresa para el mismo. Etxerat ha hecho llegar un mensaje al lehendakari Ibarretxe mediante una carta hecha pública hoy en la que asegura que ese "pacto ético" se incumple en Euskal Herria.

El juez Palacios ayuda a un guardia civil a corregir su declaración.

En la segunda sesión de la vista contra el movimiento pro-amnistía, el tribunal hizo oídos sordos ante las denuncias de torturas, pero se apresuró a corregir al guardia civil que habló de la "preparación" de la declaración policial.

Una guardería concertada discrimina a los padres no católicos.

Encontrar plaza en una escuela infantil pública o concertada de la Comunidad de Madrid es complicado. Pero si, encima, los padres del niño no están casados por la Iglesia y el hijo no está bautizado ni recibe catequesis, la cosa se puede poner bastante más difícil. Y ése es el criterio que utiliza la escuela infantil financiada con fondos públicos Cristo de la Guía, en Vicálvaro, para el baremo al que se somete a los aspirantes a una plaza de un centro público. Ese punto suele ser la clave para posibles desempates.

En la entrada del centro, un cartel lo dice bien claro: "Los puntos de libre disposición se darán por: padres casados por la Iglesia, niños bautizados, hijos en catequesis, certificado parroquial que especifique que hay una clara vivencia de la fe". Además, también puntúa en este apartado "cualquier vinculación con alumnos o ex alumnos del centro". Una de las empleadas lo corrobora cuando se solicita el formulario de ingreso.

La puntuación que reciben quienes optan a una plaza en colegios o institutos se basa en criterios de proximidad, sociales y económicos. Además, sólo en la educación, que comienza a partir de los tres años, existe el "punto de libre determinación", un requisito que cada escuela elige, supuestamente evitando situaciones de discriminación. Este punto lo debe aprobar el consejo escolar ciñéndose a "criterios públicos y objetivos". Es decir, que ni siquiera es legal que la escuela incorpore ese punto a los aspirantes para el ciclo que va de cero a tres años.

Un hospital de Aguirre sólo hace radiografías a sus 'clientes'.

Vallecas:

El Hospital Infanta Leonor, uno de los seis hospitales madrileños que la Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de febrero, no atenderá a los pacientes de los ambulatorios de su área (Vallecas) que necesiten pruebas radiológicas.

El jefe de admisión del hospital envió un e-mail el pasado 16 de abril a los servicios de atención al paciente de los ambulatorios Vicente Soldevilla, Montes de Barbanza y Federica Montseny.

Con él, informaba de que "en el concierto no está recogido que estas pruebas complementarias se puedan realizar para peticiones de los centros de especialidades".

Los conciertos sólo se mantienen con los hospitales privados. Los nuevos centros de Aguirre son de titularidad pública, aunque la construcción y la gestión ajena al personal se concedió a empresas privadas.

Privatización de la Sanidad

Para el Sindicato Asambleario de la Sanidad, esto es un ejemplo más de la privatización de la Sanidad que está llevando a cabo Esperanza Aguirre. Uno de sus portavoces, Ángel Navarro, explica que además no se conocen los contratos privados de cada hospital.

Y explican que el hospital Infanta Leonor sólo ofrece estos servicios a sus pacientes directos porque "hay incompatibilidades entre los sistemas informáticos de los centros".

La consejera de Cultura del Gobierno Vasco elude asumir cualquier responsabilidad política en el escándalo del medio millón de euros del Guggenheim

La consejera de Cultura rechazó ayer, durante su comparecencia en el Parlamento de Gasteiz, cualquier clase de responsabilidad política en relación al desfalco de 487.000 euros en el Museo Guggenheim y aseguró que su cometido en el consejo de administración de la pinacoteca se limita a observar si los balances que se presentan son correctos y, en caso contrario, «denunciarlo y actuar». En esta línea, anunció que ya se han aprobado nuevas medidas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando las cacicadas de PNV-EA?

Un juez investiga a cargos del PP por delitos urbanísticos, electorales y medioambientales

La alcaldesa, Yolanda Barcina, defiende los nombres de calles franquistas

Iruñea:

La alcaldesa acude al contencioso , pese a la resolución del tan que obliga al cambio
UPN no aclaró en el pleno si seguiría apoyando las denominaciones contrarias a la Ley foral de Símbolos

La alcaldesa, Yolanda Barcina, ha decidido continuar adelante con su defensa de la denominación franquista de 20 calles de la Chantrea, y ha firmado una resolución para que el Consistorio recurra ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, una decisión que estaba en el aire después de que en el penúltimo pleno UPN anunciara únicamente su intención de "reservarse" el derecho a ejercer dicho recurso.

Como se recordará, un recurso planteado por Joxe Abaurrea frente al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) desembocó en que este órgano decretara la ilegalidad de los nombres de 20 calles de la Chantrea, impuestos en los años 50 en honor de otros tantos combatientes del bando franquista en la Guerra Civil. En su resolución, el TAN estimaba que dichas denominaciones no cumplían la Ley Foral de Símbolos, y que también contravenían la Ley estatal de Memoria Histórica.

críticas de la oposición La reacción de los restantes grupos políticos, así como de los colectivos de la Chantrea, fue exigir a la alcaldesa que cumpliera dicha resolución y se buscara otra denominación para esas 20 calles. Sin embargo, Barcina ha decidido seguir adelante con su defensa de esos nombres franquistas, y para ello plantea un recurso ante el Contencioso en representación del Ayuntamiento de Pamplona.

Esta decisión hace prever que esos 20 nombres perdurarán, al menos, hasta que el juez determine de forma definitiva la legalidad o no de dichas denominaciones.

30 AÑOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN Y TODAVÍA SEGUIMOS ASÍ...
¿Realmente sirvió para algo?

El director financiero del Guggenheim roba MEDIO MILLÓN de euros en diez años de hurtos

Bilbo:

El director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, dio ayer cuenta del despido del director de Administración y Finanzas de la pinacoteca, Roberto Cearsolo Barrenetxea, como presunto autor de irregularidades financieras y contables detectadas en las cuentas de la sociedades Tenedora e Inmobiliaria del Museo. El desfalco asciende a 486.979, 38 euros.

El diputado autonómico murciano del PP y ex alcalde de Totana tendrá que pagar 200.000 euros para evitar la cárcel