Desde ayer, las horas trabajadas en el Estado francés más allá de la duración legal de 35 horas por semana (o 218 días al año) deberán pagarse sistemáticamente un 25% más que una hora normal y los patronos tienen derecho a una reducción global de cotizaciones sociales fijada por decreto de 1,50 euro por hora extraordinaria en las empresas de 1 a 19 asalariados y a 0,50 euro para otros. La medida podría afectar a cerca de 18 millones de asalariados, cuyas rentas suplementarias también quedarán eximidas de impuestos. El dispositivo será ampliado a los funcionarios, en virtud de un decreto que debe publicarse próximamente.
La desfiscalización de las horas extraordinarias, que entró ayer en vigor, resume por sí sola la apuesta económica de Nicolás Sarkozy: crear un choque fiscal para «liberar el trabajo» y reactivar un crecimiento económico que no cubre las expectativas.
La nueva legislación, que encarna el eslogan de Sarkozy de «trabajar más para ganar más», ha sido criticada por los sindicatos y la oposición de izquierdas y asesta un nuevo golpe a la ley de 35 horas semanales, que fue una reforma estrella del Gobierno de Lionel Jospin (PS) en el periodo 1997-2002, y que el presidente francés ha anunciado que quiere «flexibilizar».
En tela de juicio
El primer ministro, François Fillon, precisó que la medida costará unos 5.000 millones de euros al Estado en 2008, según el proyecto de presupuesto para el año próximo, que ha recabado críticas al mantener la deuda y los déficit a niveles juzgados como demasiado elevados por sus socios comunitarios.
Cuando defendió la medida ante el Parlamento el pasado julio, la ministra de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, calculó que «en régimen de crucero» su coste sería en torno a la mitad de los 13.600 millones anuales del coste global del «paquete» de rebajas fiscales.
Teóricamente unos 18 millones de asalariados podrían beneficiarse de la medida, pero la última palabra la tienen las empresas.
Desde que el Gobierno anunció el proyecto en junio pasado, los sindicatos lo han criticado y argumentan que es el empresario, no el trabajador, el que decide las horas extraordinarias.
Además, temen que la medida dé al traste con los acuerdos de modulación del tiempo de trabajo.
Según el Observatorio Unitario de las Políticas Sociales, el aumento del poder adquisitivo será mucho más bajo para la mayoría de los trabajadores que lo anunciado por París, y será irrisorio el efecto del dispositivo en la lucha contra el paro, que repuntó en agosto después de dos años y medio seguidos de descenso.
El organismo, vinculado al colectivo Otras Cifras del Desempleo (ACDC), subrayó que el efecto de la medida en la creación de empleo será «ridículo». Según las cifras del Ministerio de Empleo, en 2004 el 37% de los asalariados efectuaron al menos una vez horas extraordinarias.
En un informe entregado en setiembre al ministro François Fillon, el muy oficial Consejo de Análisis Económico destacaba que el efecto de la reforma era «difícil de evaluar» en esta fase, pero que el dispositivo podía resultar «al final al muy costoso para la Hacienda pública».
Para Eric Heyer, del Observatorio francés de las coyunturas económicas (OFCE), beneficiará «al 37% de asalariados del sector privado que ya tienen práctica en la realización de horas extraordinarias». Opinó que garantizará 0,2 puntos de crecimiento suplementario, pero advirtió de que tiene el riesgo de ahondar en el déficit en la misma proporción, y de favorecer que algunos patronos sustituyan los aumentos de salario por horas suplementarias ficticias
Mientras, entre los parlamentarios de la mayoría conservadora, crece el temor a que sea muy limitado el número de trabajadores que puedan beneficiarse del dispositivo y que la promesa de Nicolás Sarkozy genere «más frustración que beneficio».
«Si las horas extraordinarias no están en la cita, la sanción de las municipales de marzo será radical», advirtió el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de los diputados, Pierre Méhaignerie, del partido conservador gobernante UMP. Con el argumento de que no se puede esperar al resultado de las negociaciones sectoriales para extender el dispositivo a todos los sectores que lo reclamen, quiere proponer una enmienda al proyecto de financiación de la Seguridad Social para que más trabajadores puedan tener acceso a horas extraordinarias.
El objetivo es que las empresas puedan hacer caso omiso de los acuerdos sectoriales de modulación del tiempo laboral con el fin de que el trabajador perciba más por el trabajo adicional en lugar de ser compensado con tiempo libre.
El ex primer ministro Lionel Jospin se mostró escéptico sobre el efectos de la nueva normativa. «Si hay franquicias médicas, si hay un aumento de las cotizaciones sociales, y si se establece un IVA social, entonces redundará en los asalariados medios populares mucho más de lo que puedan hacerlo posibles horas suplementarias desgravadas».
Injusticia social
La ex ministra de Empleo Isabel Guigou (PS) también se mostró escéptica al considerar que el efecto de la medida sobre el crecimiento es «dudoso» y «su coste muy importante para la Hacienda pública.
El Partido comunista subrayó que «los grandes ganadores (...) serán los dueños». Afirmó que supondrá «una agravación de sus condiciones de trabajo de los asalariados y sin aumento de su poder adquisitivo. El silencio de la derecha resuena como un consentimiento. La desgravación de las horas extraordinarias no tendrá otro efecto que el de aumentar las injusticias sociales».
Horas antes de que la normativa entrara en vigor, el primer ministro, François Fillon, defendió las medidas del paquete de rebajas fiscales y de fomento de las horas extraordinarias e insitió en que van a «reformar, reformar y reformar».
Recordó, en este contexto, las tres etapas del método de Sarkozy: «Dinamizar el crecimiento», «emprender las reformas estructurales» y «acelerar el control del gasto público», y subrayó que las nuevas medidas constituyen «la primera etapa».
La segunda será emprender «las reformas estructurales del mercado del trabajo, del Estado y de nuestro contrato social», lo que «haremos juntos este año», agregó Fillon.
Explicó que, para la tercera etapa, quedará «la aceleración del control de nuestro gasto público, que las adaptaciones estructurales harán más fácil».
Al defender la pausa en la reducción del déficit en 2008, el primer ministró francés consideró que para ser «eficaz» la lucha contra los números rojos y la deuda deben colocarse «en una perspectiva política y económica».
«La dificultad, pero también la grandeza de la tarea es tener que hacerlo todo en un mismo impulso», señaló.
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