Las imágenes habían sido captadas por las cámaras de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, pero el servicio de Antropología de la Comisaría General de Policía Científica, en un informe fechado el 28 de febrero de este año (aunque la data de salida es del 5 de marzo), señala que debido a la mala calidad de las imágenes no se puede realizar "un estudio fisonómico mínimamente riguroso". Es decir, que el vídeo no permite demostrar que el autor del atentado sea Mattin Sarasola.
En el dictamen realizado por la Policía Científica y que ya ha sido aportado al Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional, se explica que los peritos han realizado un estudio fisonómico de todo el cuerpo, aunque más específico del rostro, por ser invariables en su estructura los elementos óseos que conforman el cráneo.
En opinión de los peritos "no se puede realizar un estudio fisonómico mínimamente riguroso debido a la mala calidad de las imágenes dubitadas, circunstancia agravada por la ocultación del rostro del sospechoso con una mascarilla y una gorra".
A pesar de no disponer de las imágenes de cuerpo entero del imputado, es decir, de Mattin Sarasola, tomando como referencia los objetos y personas que lo circundan "el sospechoso es de compresión ectomorfa y estatura media-alta".
El informe, que lleva como anexo un reportaje fotográfico de ocho folios, indica que "sería preciso realizar una reconstrucción de los hechos con el imputado vistiendo prendas similares a las que llevaba la persona sospechosa, pero debemos significar que debido a los elementos de ocultación (gorra y mascarilla) no sería factible emitir un dictamen de la identidad solicitada".
Mattin Sarasola e Igor Portu están imputados por delitos de terrorismo, asesinato y estragos, con penas superiores a los 80 años de prisión en caso de ser condenados. Sin embargo, las pruebas contra ellos no son concluyentes, ya que la confesión de Sarasola, en la que ofrecía minuciosos detalles de cómo realizaron el atentado y planearon cometer otro antes de las elecciones en Madrid, puede estar viciada si en la investigación que se sigue en un juzgado de San Sebastián se demostrara que fue obtenida mediante torturas o malos tratos.
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