La energía nuclear era tabú en la retórica política británica hasta hace dos años. Los 19 reactores del país quedarán obsoletos en un par décadas, pero su renovación no se consideraba tan prioritaria como la inversión en energías renovables. Con el crudo y el gas del Mar del Norte en su fase final de extracción, el anterior primer ministro, Tony Blair, lideró el cambio ideológico, situando la independencia del suministro eléctrico como una cuestión de seguridad nacional. El pasado enero, su sucesor, Gordon Brown, dio luz verde a la construcción de nuevas centrales que ampliarán el suministro energético nuclear por encima del actual 20%.
Londres depende del capital privado para actualizar su red nuclear. Empresas nacionales y extranjeras deberán costear la construcción y el futuro decomiso de cada planta, según estipula la ley. El proceso de adjudicación de licencias ya ha comenzado con la apertura de un concurso de modelos de reactores en el que participa el consorcio francés, Areva-EDF. Es una clara señal de la intención de la compañía pública francesa por expandir sus redes en Reino Unido. El nuevo acuerdo de colaboración debería facilitar la exportación de la tecnología nuclear dentro y fuera de Europa.
Grupos de presión
Los grupos de presión ecologistas no van a claudicar en su defensa de las energías renovables como apuesta limpia y segura de suministro energético. “El poder nuclear es sucio y peligroso para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Está inextricablemente conectado a la producción de armamento nuclear en su mutua dependencia de uranio enriquecido. Tampoco es la respuesta al cambio climático puesto que no es libre en emisiones de CO2 y sólo contribuye a la producción eléctrica”, señala un portavoz de la Campaña para el Desarme Nuclear, CND.
Sondeos de opinión en Reino Unido sugieren que el 75% de la población prefiere energías renovables que nucleares. Y el 90% de las respuestas que el Gobierno recibió en su consulta sobre el futuro de la industria expresan temor por los residuos nucleares y la seguridad de las plantas. “La batalla continúa”, advierte Ayliffe.
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