Muere un preso en la cárcel de Basauri

En el día de ayer familiares de varios presos del CP de Basauri (Bizkaia) nos informaron de la triste noticia del fallecimiento de un preso en la citada cárcel. Por los pocos datos que nos han comunicado, la muerte habría ocurrido el pasado domingo 2 de septiembre, presuntamente a causa de una sobredosis.

Con esta muerte se elevaría a 57 el número de personas que han perdido la vida bajo custodia del Estado español o en intervenciones de sus Fuerzas de Seguridad a lo largo del año 2007, 2 de las cuales habrían fallecido en cárceles vascas (una en Nanclares de la Oca el pasado marzo y la otra en Basauri el pasado domingo), según nos consta a las distintas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos en el Estado.Por ello, una vez más, desde SalHaketa Bizkaia volvemos a plantear las mismas reivindicaciones que llevamos años proponiendo con el ánimo de solucionar esta cuestión y como forma de reafirmar nuestro compromiso con la denuncia de cualquier irregularidad que pueda ocurrir en cualquier cárcel del Estado español y, especialmente, en cualquier cárcel vasca:

• Que el ministerio fiscal investigue de oficio cada una de las muertes ocurridas en prisión o bajo custodia del Estado, así como cualquier denuncia por tortura, malos tratos o cualquier tipo de incumplimiento de los Derechos Humanos.
• La excarcelación de las personas presas que padezcan enfermedades graves crónicas e incurables, así como la subordinación del tratamiento penitenciario al tratamiento médico y/o psiquiátrico necesario para garantizar el derecho a las salud de las mismas.
• El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento que además de crear espacios de impunidad para la existencia de torturas y malos tratos (físicos, psíquicos y sensoriales), constituyen por sí mismos un trato inhumano y degradante.
• El final del hacinamiento y la masificación de los centros penitenciarios. Esta medida debe pasar no tanto por un incremento o ampliación de las plazas penitenciarias existentes como por la aplicación de políticas alternativas a la privación de libertad.
• La reforma de la actual legislación penal y penitenciaria para adaptarla de una forma real al mandato constitucional que implica la reinserción social y no el castigo de las personas penadas. Para ello nos parece fundamental la limitación del tiempo máximo de estancia en prisión a un máximo de 15 años y el cumplimiento de las penas en la comunidad de origen.