Andalucía garantiza pisos baratos a quien gane menos de 3.000 euros

El Gobierno andaluz inició ayer la tramitación del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que garantizará a los andaluces una casa, en alquiler o en propiedad, sin que el esfuerzo económico para adquirirla supere en ningún caso un tercio de sus ingresos familiares. La futura ley, que el Gobierno andaluz advirtió no podrá aprobarse en esta legislatura que finaliza en marzo, regulará el acceso a la vivienda "en condiciones de igualdad, así como las ayudas que faciliten dicho acceso".

La ley establecerá que el derecho de acceso a la vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sustituto del salario mínimo interprofesional, o sean ingresos superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre. Los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 euros (el tope máximo exigido para acceder a una vivienda protegida).

En el primer caso, la Junta garantizará a las familias andaluzas más pobres (con ingresos inferiores a 500 euros mensuales) el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler a un precio no superior al 25% de su renta (125 euros mensuales).

Cuando ganen más de 500 euros, la Junta les facilitará una vivienda en alquiler o en propiedad siempre que sus ingresos no superen las 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (al ser éste de 570 euros, el tope para las ayudas sería una renta de 3.100 euros). Los beneficiarios pagarán por estas viviendas un tercio de los ingresos familiares totales (es decir, el máximo que se pagaría al mes sería poco más de 1.000 euros).

El anteproyecto de ley establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos, mediante la realización de estudios o encuestas, y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas, tanto a través de la dotación de suelo del patrimonio municipal como con las reservas legales establecidas por la Junta de Andalucía en los planeamientos, que preven un mínimo del 30% del suelo dedicado a vivienda pública. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas.