El Ayuntamiento pagó los materiales para el actual campamento, como azulejos, hormigón, escayola, madera, puntales y hormigonera. También se hizo cargo de la formación de las familias en técnicas de construcción de los galpones ilegales en Rairo, a través de un programa municipal de inserción. El coste de estos cursos formativos, sólo para seis de las nuevas viviendas, fue de más de 15 millones de pesetas, de los cuales 12 los aportó la Xunta, entonces también gobernada por el PP, a través de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude. El Ayuntamiento concedió 120 licencias urbanísticas ilegales, por las que cobró a los chabolistas el precio simbólico de 500 pesetas por cada 30 entregadas.
El planeamiento urbanístico determina que la zona es terreno expropiable por el ayuntamiento. Fuentes del actual gobierno municipal aseguraron que se pagará "exactamente el valor que determine la legislación, aunque las viviendas sean ilegales".
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