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1.2.08

El PP financió un poblado ilegal

El Ayuntamiento de Ourense subvencionó entre 1997 y 1998, cuando estaba gobernado por el PP, un asentamiento ilegal de una comunidad gitana de un centenar de personas en una zona verde de la ciudad. En la zona que ocupaban antes estas familias se inició la construcción de un polígono residencial de tres bloques de siete plantas y dos torres de nueve, paralizado por orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El actual gobierno local orensano, formado por PSOE y BNG, ha abierto un expediente de disciplina urbanística, frenado los asentamientos e iniciado un procedimiento de expropiación.

El Ayuntamiento pagó los materiales para el actual campamento, como azulejos, hormigón, escayola, madera, puntales y hormigonera. También se hizo cargo de la formación de las familias en técnicas de construcción de los galpones ilegales en Rairo, a través de un programa municipal de inserción. El coste de estos cursos formativos, sólo para seis de las nuevas viviendas, fue de más de 15 millones de pesetas, de los cuales 12 los aportó la Xunta, entonces también gobernada por el PP, a través de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude. El Ayuntamiento concedió 120 licencias urbanísticas ilegales, por las que cobró a los chabolistas el precio simbólico de 500 pesetas por cada 30 entregadas.

El planeamiento urbanístico determina que la zona es terreno expropiable por el ayuntamiento. Fuentes del actual gobierno municipal aseguraron que se pagará "exactamente el valor que determine la legislación, aunque las viviendas sean ilegales".

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