Andalucía selló ayer el mayor pacto social de vivienda conocido en España para garantizar en los próximos 10 años la construcción de 700.000 pisos, de los que al menos 300.000 serán baratos y gozarán de protección oficial.
Con este compromiso, la Junta de Andalucía pretende sentar las bases para aplicar una nueva ley, que los socialistas quieren aprobar en la próxima legislatura si ganan las elecciones, que garantizaría una vivienda digna a todos aquellos que cobren menos de 3.200 euros al mes. Si la ley se aprueba, será la primera de este tipo en España y los ciudadanos andaluces podrán reclamar ante los tribunales si su derecho a esa vivienda digna no se ve satisfecho por la administración autonómica. Sería similar al derecho universal a la educación o a la vivienda y vendría a desarrollar un artículo de la Constitución Española que prevé esta circunstancia.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, pretende "conseguir que la vivienda deje de ser un problema y se convierta en un derecho, tal como dice el artículo 47 de la Constitución y mandata el artículo 25 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía". "Es el acuerdo más importante de cuantos hemos firmado en Andalucía en muchos años", señaló Chaves. "No se trata de regalar nada a nadie, sino de eliminar los factores especulativos del precio de la primera vivienda para que el precio que pagan los ciudadanos sea el adecuado a su nivel de renta", resaltó.
La futura ley garantizará que los ciudadanos con rentas inferiores a 3.200 euros sólo tendrán que dedicar un tercio de su salario a la adquisición de estas viviendas de protección oficial o el 25% en el caso del alquiler.
Con este compromiso, la Junta de Andalucía pretende sentar las bases para aplicar una nueva ley, que los socialistas quieren aprobar en la próxima legislatura si ganan las elecciones, que garantizaría una vivienda digna a todos aquellos que cobren menos de 3.200 euros al mes. Si la ley se aprueba, será la primera de este tipo en España y los ciudadanos andaluces podrán reclamar ante los tribunales si su derecho a esa vivienda digna no se ve satisfecho por la administración autonómica. Sería similar al derecho universal a la educación o a la vivienda y vendría a desarrollar un artículo de la Constitución Española que prevé esta circunstancia.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, pretende "conseguir que la vivienda deje de ser un problema y se convierta en un derecho, tal como dice el artículo 47 de la Constitución y mandata el artículo 25 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía". "Es el acuerdo más importante de cuantos hemos firmado en Andalucía en muchos años", señaló Chaves. "No se trata de regalar nada a nadie, sino de eliminar los factores especulativos del precio de la primera vivienda para que el precio que pagan los ciudadanos sea el adecuado a su nivel de renta", resaltó.
La futura ley garantizará que los ciudadanos con rentas inferiores a 3.200 euros sólo tendrán que dedicar un tercio de su salario a la adquisición de estas viviendas de protección oficial o el 25% en el caso del alquiler.
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