La propuesta de Sanción, remitida desde la Delegación del Gobierno en Aragón, da por hecho que la persona sancionada era responsable de la organización del acto, debido a que fue identificada, junto a varias personas más, como portavoz de las personas que acudían en uno de los autobuses.
En dicha propuesta se considera que la marcha llevó a cabo una concentración no comunicada el 15 de abril, por lo que se considera una falta grave a la que se impone la desproporcionada propuesta de sanción de 3000 euros, la más alta habida hasta el momento por este motivo en Aragón.
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